Entendiendo
el fraude fiscal como un conjunto de maniobras tendentes a reducir el volumen
de fondos a transferir al fisco, implementándose en todos los casos fuera del
marco legal vigente, la reducción de pagos en efectivo suele considerarse una
herramienta fiscal eficiente para el control de este fenómeno.
De
esta manera, la transferencia de los pagos a través de medios bancarizados
obliga a los distintos operadores a transparentar el origen de sus fondos.
Así, no sólo se evita la evasión del impuesto por los pagos
'informales' (fuera del circuito legal), sino que bloquea el uso de dinero proveniente
del blanqueo.
Desde
el punto de vista del particular involucrado o miembro de la dirección
comercial de empresas, este tipo de medidas suelen ser tomadas como una
privación de la libertad de acción. Si bien obliga a cambiar los hábitos de
erogación, colaboran en poner blanco sobre negro en economías que necesiten ser
depuradas.
Una
correcta especialización en esta materia sirve para hacer frente a los desafíos
que se presentan en el momento de tener que modificar la estructura de pagos en
una empresa, sin perjudicar el curso presente y futuro de los negocios llevados
a cabo por la organización que se represente.
